Un miércoles de septiembre, Laida y Leyre recogían sus violines; Alicia, su viola y Pablo, su chelo. A estos amigos que van para músicos profesionales les gusta tocar juntos. A veces en la calle, en Pamplona. Ese día dos municipales multaron al cuarteto de cuerda: 600 euros por violar la ordenanza municipal de convivencia. La alcaldesa se acabó disculpando en persona.
Un miércoles de septiembre, Laida y Leyre recogían sus violines; Alicia, su viola y Pablo, su chelo. A estos amigos que van para músicos profesionales les gusta tocar juntos. A veces en la calle, en Pamplona. Ese día dos municipales multaron al cuarteto de cuerda: 600 euros por violar la ordenanza municipal de convivencia. La alcaldesa se acabó disculpando en persona. La multa fue anulada. El suceso ilustra bien hasta dónde ha llegado el frenesí de las denominadas ordenanzas de civismo, convivencia o de buenos usos.
Los Ayuntamientos españoles parecen obsesionados por regular comportamientos, a veces hasta detalles delirantes (prohibido dar portazos a la hora de la siesta). ¿A qué obedece este frenesí regulador? ¿Paternalismo? ¿Demanda social? ¿Es eficaz? ¿Mejora la convivencia?
"Con la excusa del civismo nos estamos cargando el civismo", asegura, Gemma Galdon Clavell, investigadora de políticas públicas y de seguridad de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Tradicionalmente, si el vecino tenía la música alta, subías a su casa, tocabas la puerta, le explicabas que te tenías que levantar temprano y le pedías que bajara el volumen. Hoy te dicen que está regulado, te recomiendan que llames a la policía", explica esta experta. Eso precisamente es lo que hizo aquel vecino de Pamplona molesto con la música de Laida y sus amigos. Tan mal no debían tocar, estudian en (o acaban de dejar) las aulas del conservatorio Pablo Sarasate. El repertorio parecía el adecuado para acompañar una buena siesta (el Canon, de Pachelbel, o la Serenata nocturna, de Mozart) o el aperitivo (un par de tangos). La joven violín explica por qué sacaron su música a la calle: "Nos gusta ver a la gente que disfruta, queremos demostrar que la música es importante". Pamplona, por cierto, se postula como capital cultural europea en 2016. Al padre de Laida aquella sanción -"600 euros por una infracción leve no es una multa muy leve, la verdad", dice ella- le pareció tal despropósito que hizo una queja en el minuto cero.
Cuenta Galdon Clavell que en los últimos años aquello de "fulano me molesta se ha convertido en fulano es una amenaza para la seguridad de la convivencia" (un ejemplo, los chavales en monopatín) y esto es "un salto cualitativo importantísimo". "Cada vez vemos más políticos que usan esta carta de la seguridad vinculada al incivismo para conseguir votos".
Los políticos no están solos en esa tendencia, los medios son fiel acompañante, según esta investigadora que ha analizado las ordenanzas de convivencia catalanas. Asegura que "la sobrecobertura mediática de sucesos pequeñitos, de conflictos entre culturas o intergeneracionales, genera una sobreatención política que crea una alarma social sin base objetiva", sin que hayan aumentado los delitos o las víctimas. Un círculo que se repite aquí y allá.
La ordenanza de convivencia de Barcelona, de 2005, de 60 páginas, es de las primeras, el espejo en el que muchos otros Ayuntamientos se miran.
Sostiene esta experta de la Autónoma de Barcelona que "con la mejor de las voluntades" a veces se logra exactamente lo contrario de lo que se pretende. "Este verano un pueblo catalán ofrecía la posibilidad a los que se iban de vacaciones de que dejaran una copia de las llaves en comisaría por si había una emergencia. Antes, se las dejábamos al vecino", ellos eran nuestra red de seguridad, los que velaban por nuestros bienes, "ahora ni los conocemos".
"Existe una voluntad clarísima de controlar los comportamientos en el espacio público", recalca. La hay en España, pero también en Francia y, de modo muy marcado, en el Reino Unido. En Italia, cuenta esta experta, "hay municipios donde está prohibido correr con una bolsa grande". ¿Y quién define qué es grande? O en Granada está prohibida la "exhibición de prácticas sexuales (...) en la vía pública". ¿Incluiría eso, por ejemplo, los magreos de dos adolescentes en un parque? Uno de los problemas de estas ordenanzas es que "generan inseguridad jurídica en el ciudadano y en el agente de policía, que está para aplicar la ley no para hacer juicios de valor", insiste la investigadora.
Los capítulos sobre sexo dan mucho juego incluso para hablar de inseguridad jurídica en normativas locales. Pensemos en una pareja de adultos que tiene relaciones sexuales consentidas en una playa. En las de Barcelona, sin problema. Eso sí, si se van a Tossa de Mar, a 100 kilómetros, se arriesgan a una multa. "¿Tengo que conocer las normas de cada localidad?", se pregunta Galdon Clavell tras relatar este "despropósito".
Opina que la eficacia de estas normas viene a ser ni frío ni calor. "No ha supuesto mejora ni empeoramiento, resultado cero", según la experta en políticas públicas y seguridad. Sostiene que "los políticos deben decidir si es una herramienta política útil" pero sí que les advierte de una cosa: "La promesa de seguridad nunca se puede cumplir, es vender el alma al diablo. Te salva un rato, pero luego te hunde".
"Preferimos los nudges [empujoncitos] a las órdenes, exigencias y prohibiciones", escriben los catedráticos de economía Richard H. Thaler y de derecho Cass R. Sunstein, de la Universidad de Chicago. Estos asesores informales de Barack Obama en la campaña presidencial abogan por lo que denominan paternalismo libertario. Sostienen en su libro Un pequeño empujón (Nudge) (editado por Taurus) que "detalles pequeños, en apariencia insignificantes, pueden tener un efecto importante en la conducta de las personas". Un ejemplo: Tejas se gastó un dineral en una campaña publicitaria con la que intentaron convencer a la gente de que tenía el deber cívico de no tirar basura al suelo. Fue un desastre. No sirvió de nada. Las autoridades decidieron entonces que necesitaban "un eslogan desafiante que también apelara al particular espíritu del orgullo tejano". Y parieron el lema "¡Cuidado con Tejas!" (Don't mess with Texas, que en el inglés original juega con la palabra ensuciar). Reclutaron a jugadores famosos de fútbol americano y al cantante decountry Willie Nelson. Resultado: en el primer año la basura en las aceras se redujo en un 29%. En seis años, cayó un 72%. "Y todo esto no se ha logrado con órdenes ni coacciones, sino con un empujoncito creativo".
Eso es Estados Unidos dirán muchos. Y esto, España. El profesor de Antropología Social de la Universidad de Lleida Carles Feixa coincide con su colega Galdon en que existe una "obsesión por el civismo y por regularlo todo". Él recalca que "el civismo solo tiene sentido cuando es libremente asumido, la ciudadanía se aprende no se impone. El civismo se aprende a partir de la convivencia", dice. A su juicio, estas normativas municipales parecen "una forma de lavarse la conciencia, de expiar posibles culpas". Explica que "existe una tierra de nadie que en las sociedades democráticas debe autogestionarse. Cuando los poderes intentan penetrar demasiado [en ese área] la disidencia busca espacio, los comportamientos incívicos se refugian en lo clandestino o explotan como en el botellón o la euforia posfutbolística".
La receta que el profesor Feixa recomienda es clara: "Mejor que haya pocas leyes, que se apliquen y que se cumplan". O dicho de otra manera, "entre la tolerancia cero y la tolerancia 10, que sería la impunidad, recomiendo la tolerancia tres, contar hasta tres y actuar con contundencia si la cosa es grave, pero dar antes la oportunidad de rectificar y preguntarse por qué ocurre". Feixa considera que este principio es aplicable a familias, a ciudades y a países.
No parece ser ese el espíritu de las ordenanzas. Todas regulan el consumo de alcohol, la prostitución, la mendicidad, el trinomio patines, balones, grafitis, el ruido y las necesidades fisiológicas. Se inspiran, o se copian, unas a otras. Atentos los mimos, Barcelona acaba de regular su presencia en las Ramblas.
El director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Juan Echenique, explica que su ordenanza - "sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos", en vigor desde 2006- regula cuestiones nuevas como "la publicidad en las fachadas", cosas "que estaban dispersas en diversas ordenanzas" como el trato a los animales o la acampada, fenómenos como la música o los mimos callejeros que se han multiplicado y "actividades que no estaban reguladas" como la mendicidad. Las sanciones no han aumentado, reconoce el representante pamplonés. "Lo que se ha logrado es que los agentes de la policía municipal tengan claro qué conductas son sancionables y cuáles no, qué infracciones son leves, graves o muy graves, les da mayor seguridad a la hora de actuar". ¿Y qué falló entonces con los músicos adolescentes? "Fue un caso de exceso de celo", responde Echenique, que argumenta que la ordenanza se debe aplicar "con sentido común". Admite que es "lo más difícil". Lo cierto es que es imposible que los 500 agentes de la ciudad compartan siempre criterio. El cuarteto de cuerda ha vuelto a animar las calles, eso sí, tras solicitar, y obtener, un permiso municipal.
Luis de los Santos, de la asociación Grupo 17 de Marzo, se conoce bien las ordenanzas cívicas andaluzas y las catalanas en las que se han inspirado. "La de Granada es una copia mala de la de Barcelona", declara este abogado que con varios colegas ha presentado alegaciones contra las normas. "Las ordenanzas incluyen definiciones tan amplias que al final el agente o el alcalde en cuestión será el encargado de interpretar ese comportamiento y decidir si es sancionable. La que decide al final es la moral de la autoridad".
Las alegaciones del Grupo 17 se resumen en tres: no es una necesidad de los ciudadanos, vulnera derechos fundamentales como el de manifestación (explica De los Santos que en Granada te pueden obligar a dejar fianza por si durante la marcha se rompe inmobiliario urbano, "una fianza que el Tribunal Superior de Cataluña echó atrás") y la técnica jurídica"recuerda a la ley de vagos y maleantes".
La base de estas normativas es la llamada teoría de la ventana rota que dice que si permanece así da sensación de abandono y de que puede ser vandalizado impunemente. Por tanto, las molestias se consideran la punta de un iceberg de degradación y delincuencia, así que hay que combatirlo policialmente. Lo paradójico, dice Galdon Clavell, es que esta teoría sirve de base tanto para la policía de proximidad como para la mano dura.
A esta experta le inquieta que un texto legal mezcle comportamientos molestos, alegales (como la prostitución) e ilegales (como los manteros o la venta ambulante sin permiso).
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